"Para hacerlo se requiere no la voluntad de uno o de un grupo, sino prácticamente de todos" los países, señaló Gurría, que este jueves y viernes participa en la ministerial del G20 de Moscú, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta un informe para combatir los efectos dañinos de la "agresividad" fiscal de las multinacionales.
Insistió en que "sin el esfuerzo cooperativo, esto no funcionará".
Explicó que lo que ocurre ahora es que las reglas fiscales que los Estados han hecho individualmente "para atraer la inversión y el empleo" en competencia con otros, está dando "un resultado a todas vistas insatisfactorio" porque permite a las compañías transnacionales "pagar muy poco, no de forma proporcional" a su actividad y a los beneficios que obtienen.
"Se trata de reglas que hoy se usan, pero de las que se abusa" por parte de las multinacionales, que declaran sus beneficios en la jurisdicción fiscal que más les interesa, comentó.
Gurría añadió que eso acarrea "un problema económico muy importante" en un contexto de crisis como el actual, en el que se están pidiendo esfuerzos suplementarios en el pago de impuestos a los contribuyentes y a las pequeñas y medianas empresas.
Hizo hincapié en que esas pequeñas y medianas empresas que operan únicamente dentro de las fronteras de un país, tienen que cumplir con todas las obligaciones fiscales interiores, mientras que las compañías más grandes, con presencia internacional, pueden eludir una parte de las reglas impositivas.
"Todo el mundo está interesado en promover la inversión y el empleo (...) pero se requiere un mayor equilibrio en los esfuerzos" y para eso "las empresas tendrían que tributar en función de lo que generan", argumentó.
A juicio del secretario general, hay que buscar "un acuerdo razonable, equilibrado, justo, que ayudará a los países a cobrar impuestos, pero también a las empresas a evitar una doble tributación".
Gurría avanzó que si los ministros en Moscú esta semana están de acuerdo con el informe de la OCDE -elaborado por mandato del propio G20- su organización elaborará un "plan de acción" en junio.
Ese "plan de acción", que sería examinado por los titulares de Finanzas del G20 en julio, se sometería a la aprobación por los jefes de Estado y/o gobierno en la cumbre de San Petersburgo de septiembre, para poner en marcha el dispositivo más adelante.
"No quiero comprometerme con un plazo demasiado fijo" porque "depende de la voluntad política de los países", puntualizó tras haber citado la fecha de la cumbre del G20 de septiembre de 2014.