Amnistía Internacional (AI) informa que no se ha vuelto a tener noticia de ocho hombres de una misma familia del estado de Chihuahua, México, desde que fueron detenidos en junio de este año por hombres armados uniformados. Se teme que corran grave peligro y que hayan sido objeto de desaparición forzada a manos de la policía.
Según testigos presenciales, el 19 de junio de 2011 unos 10 vehículos sin señales distintivas llegaron a la casa de la familia Muñoz en un barrio de Anahuac, municipio de Cuauhtémoc, donde la familia se encontraba reunida. Seis hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes negros entraron por la fuerza en la casa y golpearon y esposaron a los varones de la familia.
Las mujeres presentes, a las que les habían dicho que no miraran, fueron amenazadas por los hombres uniformados. Sin embargo, observaron que, al menos en un uniforme, estaban escritas las palabras “Policía Federal”.
Los hombres armados se comunicaban mediante radios de onda corta y códigos como los utilizados normalmente por la policía. Sacaron de la casa a los hombres de la familia, los obligaron a entrar en los vehículos que aguardaban, y se marcharon.
Durante el asalto, una de las mujeres consiguió escapar y telefonear a la línea de emergencias de la policía municipal, pero no se envió ayuda. En lugar de eso, se vio a un auto patrulla de la policía municipal buscando a la mujer que había dado la alarma.
Pese a los esfuerzos de la familia por encontrar a los hombres, no se les ha vuelto a ver desde junio. Cuando, el mismo día del incidente, las mujeres trataron de denunciar las detenciones en la comisaría local, la policía municipal les informó de que no sabían nada. Al día siguiente, las mujeres acudieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua, pero los funcionarios no incluyeron los indicios de implicación policial.
La investigación subsiguiente no ha dado ningún resultado. Desde entonces, la familia ha presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin resultados hasta el momento.
La familia cree que las desapariciones forzadas fueron una represalia por una disputa ocurrida entre miembros de la familia y agentes de la policía municipal el mismo día de las detenciones. Según la familia, la policía municipal se negó a prestar ayuda cuando la familia informó de que un hombre estaba disparando un arma ante el lugar donde se celebraba la reunión familiar. La disputa concluyó con las afirmaciones de un policía de que un miembro de la familia le había golpeado.