“Es por ello que resulta fundamental que el dictamen que saldrá del Senado en próximas fechas no venga descafeinado e integre de manera puntual las aportaciones de la sociedad civil como la iniciativa Ley3de3, así como los puntos torales que han permitido a otros países hacer frente al fenómeno de la corrupción, como un acceso pleno a la información pública”, destacó.
La legisladora federal por Acción Nacional precisó que la lucha contra la corrupción en México se encuentra en un momento político que no debe ser desperdiciado con un marco normativo de simulación, sino con un verdadero sistema que integre de manera funcional las distintas iniciativas presentadas en la materia.
Lo anterior, añadió, para que antes del 28 de mayo próximo nuestro país cuente con los instrumentos suficientes para hacer frente a un malestar que cuesta al país 15 por ciento de la inversión pública total y representa la pérdida anual de aproximadamente 480 mil empleos.
La diputada Arlette Muñoz resaltó que la sociedad mexicana ha enviado señales de hartazgo y alarma que la clase política debe atender con toda responsabilidad, pues de acuerdo a estudios como el Barómetro Global de la Corrupción 2013, publicado por Transparencia Internacional, el 70 por ciento de los mexicanos considera que este fenómeno ha ido a la alza de manera exponencial en todo el territorio nacional y se ha expandido a distintos sectores de la vida pública del país.
En este sentido, la diputada federal del blanquiazul reconoció que la corrupción ha alcanzado niveles de mayor complejidad y se ha expresado incluso en la debilidad de procesos institucionales que han permitido el manejo inadecuado de los recursos públicos.
Por ello enfatizó que la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá contar con mecanismos únicos de combate contra este malestar como el acceso y flujo de información pública a través de plataformas digitales, la vigilancia interinstitucional y ciudadana sin ataduras políticas, así como el fortalecimiento y la generación de sanciones más estrictas para quienes incurran en estas prácticas.
“Debemos entender a la corrupción como una problemática que implica redes de colaboración y procesos institucionales endebles. Un ejemplo claro es el sobreendeudamiento que se gestó durante el mandato del ex gobernador Humberto Moreira, en donde hubo una intervención clara de distintos actores del gobierno y la ausencia de un marco normativo que bloqueara la ruta de un manejo ilegal de los recursos públicos”, detalló.
“Las Comisiones que dictaminarán las iniciativas en el Senado deben tener una visión de trascendencia e inclusión para que el producto final sea un verdadero rediseño institucional que ponga fin a la corrupción y a la impunidad que hoy por hoy privan en el país. No hacerlo sería desperdiciar el momento político con un marco de simulación”, dijo.
“Hoy más que nunca se necesita congruencia, pasar del discurso a la acción para recobrar la confianza de los ciudadanos”, apuntó.
La Diputada Federal por Aguascalientes recordó que para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción será necesario contar con diversos ordenamientos como la reforma y expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Todos ellos, precisó, deberán aprobarse a más tardar el 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo de sesiones.