Dado que Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros) es una entidad de la Administración Pública Federal para promover la inclusión financiera de quienes no tienen acceso a otro tipo de intermediarios y para canalizar los apoyos temporales del gobierno federal, la legisladora perredista llamó la atención del Congreso de la Unión sobre este asunto.
A través de una propuesta de punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo pidió que Bansefi aclare cuántas cuentas administra, cuántas sucursales opera, por qué tiene información contradictoria sobre ambos rubros y a cuáles programas federales corresponden los apoyos entregados.
También le solicitó que informe cuáles acciones ha realizado para atender las principales quejas de los usuarios, cuántas ha atendido y cuántas no, las razones de ello y cuántos recursos están involucrados en estas irregularidades respecto al total de apoyos que canaliza.
A la Condusef le demandó informar por qué no publica las estadísticas sobre el desempeño de la banca de desarrollo, en especial el de Bansefi, y aclarar cuáles fueron los principales motivos de queja contra esta institución en 2015.
En particular, llamó la atención sobre el hecho de que en 2015 aumentaron en 355 por ciento las denuncias contra Bansefi respecto a 2014, a pesar de lo cual no recibió ninguna sanción y además mejoró –supuestamente- su índice de desempeño de 4.69 a 5.13 en una escala del 0 al 10.
Destacó que en la página de internet de la Condusef se encuentran valoraciones estadísticas de diferentes sectores de la banca –aseguradoras, afores, banca comercial y banca de desarrollo- correspondientes a 2014, pero precisamente en las de 2015 no hay alguna respecto a la banca de desarrollo.
Más específicamente, se desconoce cuánto porcentaje de las reclamaciones es relativo a la entrega de los apoyos gubernamentales y cuáles acciones realiza la institución para regularizar el servicio a los beneficiarios.
A pesar de ello, podría suponerse que los motivos de queja pudieran ser muy parecidas a las de 2014: cargos no reconocidos o por consumos no efectuados, retiros no reconocidos, e incumplimiento de entrega por la cantidad solicitada, puntualizó la diputada.