Así lo advirtió la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, al hacer un llamado a respaldar el trabajo que realiza el GIEI en nuestro país.
Las disputas entre el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la CIDH, deben diferenciarse del trabajo sustantivo que realiza el grupo de expertos GIEI y desvincularse del contenido de sus informes y los resultados de sus investigaciones.
Aseveró que la apertura de México al escrutinio de organismos internacionales y otros integrantes de mecanismos especiales de defensa y protección de los derechos humanos, así como su presencia en nuestro país, obedecen a una política de Estado que ha sido fundamental para avanzar en el mejoramiento de las instituciones, la legislación y las políticas públicas, fortalecidas a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos.
Al cuestionar la exigencia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de dar por concluido el Acuerdo, suscrito en 2014 entre la CIDH y el gobierno mexicano para la creación y funcionamiento del GIEI, la también integrante de la Comisión de Gobernación explicó que el contenido de este instrumento de asistencia técnica está en consonancia con el derecho internacional aplicable así como con los principios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Dicho Acuerdo incluye la “inmunidad contra toda forma de detención o arresto personal y embargo de equipaje personal y contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación con los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones, así como la inviolabilidad de sus documentos y su correspondencia”, a fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.