El contenido de las propuestas es violatorio de derechos fundamentales de las comunidades mexicanas y contrario al desarrollo de la valiosa relación política y económica entre México y Arizona", señaló en un comunicado el subsecretario (viceministro) para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Julián Ventura.
El alto funcionario reconoció "el derecho soberano de todos los países para legislar y decidir sus políticas públicas", pero lamentó el ambiente político en Arizona "que una vez más condujo a la consideración de iniciativas" desfavorables para los migrantes.
Hace dos días, las dos iniciativas de ley que buscan negar la ciudadanía estadounidense automática a los hijos de inmigrantes indocumentados en Arizona avanzaron en el Legislativo estatal tras un intenso debate que duro más de tres horas.
Entonces, los miembros del Comité de Apropiaciones del Senado estatal aprobaron las iniciativas SB1308 y SB1309.
La primera, en caso de ser aprobada por el pleno del Senado estatal, otorgaría un acta de nacimiento diferente a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos que a los demás recién nacidos.
La SB1309, de ser aprobada, definiría a un ciudadano de Arizona como un estadounidense, nacido en este país y que por lo menos uno de sus padres es ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalizado.
Los defensores de estas medidas argumentan que los indocumentados de cualquier nacionalidad en Arizona utilizan a sus hijos nacidos en ese país para obtener beneficios públicos, y utilizan sus números de seguro social para obtener empleos.
Señalan que la inmigración indocumentada le cuesta al estado de Arizona aproximadamente 2,000 millones de dólares al año, suma que incluye el coste por el nacimiento de los hijos de indocumentados.
Los activistas proinmigrantes señalan que muchas de las propuestas forman parte de todas aquellas que tiene como fin intimidar a la comunidad inmigrante para que abandone el estado por su propia voluntad.
La SRE anuncia su propósito de seguir "ofreciendo la protección consular y asesoría legal que requieran todos" los mexicanos "sin importar su condición migratoria".