"No podemos compartir una aseveración", ya que esa situación "no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos" realizados por México por una cultura de los derechos humanos, expresó el representante mexicano ante organismos internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco.
De acuerdo con el informe del relator, México ha dado pasos normativos "positivos" para establecer salvaguardias contra la tortura, pero el problema sigue siendo "generalizado" debido a la impunidad imperante.
Al presentar las conclusiones de una visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del año pasado, Méndez advirtió que "la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento".
Por eso, recomendó a las autoridades "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad" y enviar "enérgicos mensajes públicos" a todos los funcionarios de que toda tortura y maltrato será "seriamente investigado y castigado".
México respondió que el análisis de Méndez no es completo, ya que sólo analiza 14 casos, y que estos mecanismos de evaluación deberían sustentarse en una "reflexión objetiva y ponderar adecuadamente los distintos puntos de vista".
"Como ha quedado reflejado en el informe del relator, el Estado mexicano cuenta con un andamiaje jurídico y una determinación institucional que favorece y amplia el espectro de protección a los derechos humanos", indicó Lomónaco.
En el informe, que describe la situación en México y plantea sus recomendaciones, el relator expresó también su "extrema preocupación" por el caso de desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre en el sur del país por parte de autoridades municipales en colusión con el crimen organizado.
"La inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura", señaló.
El documento detalla que la tortura y malos tratos, incluida la de tipo sexual, ocurren en México en los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de un juez.
"Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces", denunció.
Aunque indicó que recientemente se ha registrado una disminución de quejas por violaciones a los derechos humanos, no hay un registro fehaciente del número de casos de tortura y "la militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia".
Esta situación, con más de 32,000 militares en tareas propias de corporaciones civiles y la creación de una Gendarmería con entrenamiento militar, "compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos", consideró.
El informe indica que también "han aumentado las denuncias por abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y contra periodistas o defensores de derechos humanos, lo que no ha sido acompañado de investigaciones efectivas".
Méndez concluye en su reporte que el derecho a la reparación integral de las víctimas es "ilusorio" y que el alto número de denuncias y testimonios recogidos "no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad". (DPA)