La diputada del Grupo Parlamentario de Morena señaló que en ambos supuestos se encuentran los contratos de los hospitales generales de Ticul y Mérida, en el estado de Yucatán; de Culiacán, en Sinaloa, y “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, que se ubica en la Ciudad de México, entre otros nosocomios.
En entrevista, dio a conocer que presentó un Punto de Acuerdo al respecto en la Cámara de Diputados, que fue turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pero que hasta el momento no ha sido dictaminado por el pleno de dicha instancia.
Agregó que el objetivo de su propuesta también es exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que informe a la opinión pública los resultados de la auditoría realizada al contrato de prestación de servicios del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”.
La también Presidenta de la Comisión de Seguridad Social destacó que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los contratos bajo la modalidad de APP’s son eficientes y aseguran beneficios para los sectores público y privado.
“Sin embargo, en México han sido revelados varios casos en los cuales las asociaciones público-privadas han generado problemas, opacidades, ineficiencias y derroches del presupuesto público”, recalcó.
Al respecto, explicó que en 2012 el Gobierno de Yucatán inició la construcción del Hospital General de Ticul, meidante un contrato con las empresas Infraestructura Hospitalaria de Península y Marhnos Construcciones, pero que finalmente fue rescindido por el Ejecutivo estatal en mayo de 2015.
“A través de un litigio que llegó a la Corte Internacional de Arbitraje, la contratista demandó al Gobierno local el pago de 253 millones de pesos, en compensación por la terminación anticipada del contrato. Ello debería ser objeto análisis por parte de la ASF para esclarecer responsabilidades administrativas o penales; asegurar la apertura del Hospital General de Ticul, y promover la no repetición de esquemas fallidos de contratación pública”.
Damián González comentó que en octubre de 2014 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adjudicó el proyecto de prestación de servicios del Hospital General "Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” al Consorcio Tradeco IGSA, por un monto de 8 mil 68 millones de pesos sin IVA, durante 23 años.
“El modelo financiero elaborado por el ISSSTE determinó un monto de 7 mil 544 millones de pesos, que difiere en 523 millones de pesos con el pactado en el contrato por 8 mil 68 millones de pesos, por lo que resulta necesario que la Secretaría de la Función Pública informe qué consecuencias y medidas de seguimiento se han establecido para solventar las irregularidades descubiertas”.
Estos ejemplos, resaltó, enfatizan la necesidad de que la ASF realice una verdadera revisión de los contratos por APP’s, en particular por la proliferación de estos esquemas de contratación, con el fin de evitar el conflicto de intereses y asegurar que no haya malversación y desvío de fondos públicos.