El fallo de la Corte y el plan de regularización subsecuente, misma que da a los nacidos en República Dominicana hasta mediados de junio para regularizar su estado, tienen impacto en decenas de miles de personas. La mayoría de ellas nacieron en República Dominicana y son de descendencia haitiana. Con una población apátrida estimada de 200,000 personas en aquél país, las consecuencias de su expulsión podrían ser devastadoras.
El Alto Comisionado se muestra preocupado tanto por los derechos humanos de las personas que podrían ser expulsadas y porque podrían ser enviadas a Haití, a pesar de que no son ciudadanos de ese país. Esto tendría serias repercusiones para todos los afectados y podría representar un contratiempo para los esfuerzos mundiales para terminar con el problema de la apatridia.
Es de la mayor importancia que la República Dominicana tome las medidas necesarias para prevenir las expulsiones de los apátridas dominicanos en relación con las implicaciones de sus derechos humanos, y para evitar que surja una nueva situación de refugiados.
Las autoridades dominicanas anunciaron que llevarán a cabo evaluaciones de todos los individuos sujetos a la deportación. ACNUR ha recomendado que para las personas que aseguran ser dominicanas pero no tienen documentos, las autoridades implementen otro enfoque hacia las revisiones, como el conocimiento del español, con el fin de permitir una determinación razonable sobre la probabilidad de que hayan nacido y vivido en República Dominicana.