El documento, titulado "Ruanda, envuelto en el secreto: detención ilegal y tortura por la inteligencia militar" (conocida como J2), detalla "relatos fiables" de que varios individuos han sido apaleados, o víctimas de "electroshocks" y de aislamiento para forzar sus confesiones durante interrogatorios.
AI aseguró en el texto que, entre marzo de 2010 y junio de 2012, contabilizó 45 casos de detenciones ilegales y 18 de tortura o de tratamiento degradante en el campamento militar ruandés de Kami y en pisos francos de Kigali.
Además, la ONG alertó de que los detenidos permanecían bajo arresto del J2 entre 10 días y 9 meses, sin contar con acceso a abogados, médicos o a sus propios familiares.
Muchos de los detenidos -en redadas realizadas desde marzo de 2010 y en vísperas de los comicios presidenciales de ese año, en agosto- fueron acusados de hacer peligrar la seguridad nacional.
Según AI, "algunos de ellos declararon durante el juicio haber sido torturados, pero, en violación de las leyes internacionales, los jueces les pidieron que probaran sus alegaciones más que asegurarse de que eran investigadas".
"Los donantes que aporten fondos (a Ruanda) para entrenamiento militar deben suspender el apoyo financiero a las fuerzas de seguridad involucradas en violaciones de derechos humanos", solicitó la subdirectora para África de AI, Sarah Jackson.
El informe es el resultado de siete visitas de campos en Ruanda entre septiembre de 2010 y el pasado mes de junio, durante las que se realizaron más de 70 entrevistas con antiguos detenidos, familiares de desaparecidos -dos personas aún continúan en paradero desconocido- y abogados.
No obstante, el informe de AI concedió que "las autoridades ruandesas han dado algunos pasos al frente para combatir la tortura, como la firma del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura (de la ONU)", aunque "ningún funcionario se ha comprometido aún a investigar estos casos".
El Gobierno de Ruanda ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de tortura.