"Ambas partes estuvieron de acuerdo con respecto a la cooperación continuada en materia de seguridad entre Seúl y Tokio y acordaron cooperar estrechamente para el desarrollo de esos lazos bilaterales y de las relaciones trilaterales que involucran a EE.UU.", afirma un comunicado del Ministerio de Defensa tras la reunión en Seúl entre Bolton y el titular de esta cartera, Jeong Kyeong-doo.
La visita de Bolton llega en un momento en el que las relaciones entre Tokio y Seúl viven su peor momento en décadas, lo que ha puesto en el punto de mira el pacto de cooperación militar entre ambos vecinos.
El llamado Pacto General de Seguridad sobre Información Militar (GSOMIA por sus siglas en inglés), rubricado en 2016, permite compartir datos entre Japón y Corea del Sur sobre los movimientos militares de Corea del Norte.
El acuerdo, que debe ser renovado cada año, debería volver a ser ratificado el próximo 24 de agosto, aunque las tiranteces entre Seúl y Tokio despiertan dudas con respecto a esta posibilidad.
En un posterior encuentro entre Bolton y la canciller surcoreana, Kang Kyung-wha, se envió un mensaje similar sobre la necesidad de solucionar la actual crisis entre ambos vecinos mediante la diplomacia y la importancia que la cooperación entre Japón y Corea del Sur tiene de cara a lograr la desnuclearización del régimen.
La actual crisis se agudizó a principio de julio cuando Japón decidió aplicar restricciones sobre la exportación al país vecino de materiales químicos básicos para fabricar pantallas y chips de memoria, componentes imprescindibles en ordenadores, servidores o "smartphones" y pilar básico de las exportaciones surcoreanas.
Seúl considera esta acción una represalia por la decisión de 2018 del Tribunal Supremo surcoreano que abre la puerta a que empresas japonesas compensen económicamente a coreanos esclavizados por estas compañías durante la II Guerra Mundial.
Tokio defiende que las compensaciones quedaron cubiertas con el tratado de normalización de lazos de 1965, por el cual donó 300 millones de dólares a las víctimas de dicho periodo, un dinero que la dictadura militar de Park Chung-hee no hizo llegar a todas ellas, motivo por el cual miles de afectados han denunciado a su vez al Gobierno surcoreano.