Continuar la obra, de 120,000 millones de pesos (4,919 millones de dólares), resulta "preocupante" porque "su construcción y el desalojo de personas no es esencial" durante la pandemia, indicó la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán.
"Esta determinación pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo", manifestó el texto acompañado de un centenar de asociaciones firmantes.
El comunicado se emite el día en que el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que asigna a la empresa Fonatur Tren Maya, de participación estatal mayoritaria, los derechos para construir y operar durante 30 años la vía, que medirá 1,460 kilómetros en el sureste mexicano.
La polémica en torno a la obra se ha agudizado desde la declaración de emergencia sanitaria en México, que este martes entró a la fase máxima de la epidemia al acumular 8,772 casos y 712 muertes por COVID-19.
Una semana después de suspender las actividades no esenciales, al decretar la emergencia el 30 de marzo, el Gobierno ajustó los lineamientos para reactivar la producción de cemento, vidrio y acero "exclusivamente" para las obras de la federación, entre ellas la del Tren Maya.
Las organizaciones cuestionaron este acto al recordar que esta obra, prometida por López Obrador desde su campaña, ha despertado críticas de pueblos originarios y ambientalistas en los estados donde se realiza: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
"El Gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un juez federal", denunció el texto.
Al solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas, las asociaciones solicitaron al presidente suspender el tren incluso después de la emergencia sanitaria para iniciar un diálogo.
Entre las firmantes están la Due Process of Law Foundation, Greenpeace, Artículo 19, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya.
En una iniciativa separada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso recientemente crear un "salario solidario" con recursos de obras emblemáticas del Gobierno, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, también en el sureste.
Sin embargo, el presidente ha insistido en que se crearán 2 millones de empleos para superar la crisis gracias, en parte, a sus proyectos prioritarios, entre los que también están el nuevo Aeropuerto Santa Lucía de Ciudad de México y el Corredor Transístmico.