La normativa busca que las empresas europeas ganen terreno en sectores clave para el reverdecimiento de la economía, como baterías, paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas, y fija como meta que en 2030 la UE cubra con producción propia un 40 % de su consumo de tecnologías limpias y que en 2040 sea responsable del 15 % de la producción mundial de estas tecnologías.
Para ello, prevé acelerar la obtención de permisos, modificar las normas sobre licitaciones públicas para que las ofertas más sostenibles puedan ganarlas aun cuando no sean las más baratas, facilitar el acceso a mercados, y mejorar la formación de trabajadores para estos sectores, entre otras medidas.
Tras recibir luz verde del Parlamento Europeo en abril, la aprobación este lunes por parte de los Estados miembros era el último paso pendiente para que las normas puedan entrar en vigor.
"Esta legislación ayudará a Europea a liderar la carrera global en tecnologías limpias y asegurar que nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático también reduce nuestras dependencias y nos ayuda a crear crecimiento y empleo en Europa", dijo en un comunicado el ministro de Economía de Flandes, Jo Burns, cuyo país (Bélgica) presidente este semestre el Consejo de la UE.
La ley es la repuesta europea a los 340,000 millones de euros en subvenciones "verdes" aprobadas por Estados Unidos dentro de su ley antiinflación para un sector cuyo valor se triplicará hasta los 600,000 millones de euros al final de la década; y en el que China y Japón prevén también invertir 260,000 y 140,000 millones de euros, respectivamente.
El plan centra sus esfuerzos en una decena de tecnologías consideradas estratégicas, entre las que figuran las ligadas a energía solar, eólica, baterías y tecnologías de almacenamiento, bombas de calor y geotérmica, electrolizadores y células de combustible, biogás y biometano sostenibles, captura de carbono y redes energéticas.
A estas ocho propuestas por la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados añadieron los combustibles alternativos y las tecnologías ligadas a la fisión y fusión nuclear, aunque los países que no usen esta energía no estarán obligados a declarar como estratégicos ese tipo de proyectos.
La norma fija además un objetivo de captura de carbono para 2030 de al menos 50 millones de toneladas de CO2 anuales.
Asimismo reduce los plazos para conceder permisos de construcción o ampliación de fábricas de tecnologías de emisiones cero, que serán de un máximo de 18 meses para los grandes (con una potencia superior a 1 gigawatio) y de 12 meses para los que no lleguen a ese umbral. Para los proyectos estratégicos, los socios fijarán plazos aún más breves.
En cuanto a las licitaciones públicas, la ley exigirá tener en cuenta si el potencial adjudicatario contribuye a la sostenibilidad medioambiental y, en el caso de que haya una dependencia superior al 50 % de un país extranjero para la tecnología en cuestión, también su contribución a la resiliencia de la UE.
Cuando las licitaciones sean para energías renovables, los Estados tendrán que aplicar criterios de sosteniblidad medioambiental y contribución a la integración energética a al menos un 30 % del volumen subastado cada año.
Asimismo, prevé crear academias que formen a 100,000 trabajadores en estas tecnologías en los próximos tres años.