"Al asumir en diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la 'guerra contra el narcotráfico' iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad", recordaron los autores del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
A pesar de promulgar una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas, HRW señaló que el gobierno ha obtenido "pocos avances" para juzgar los "numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto".
De acuerdo a HRW, "el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad".
"Las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser que se presenten cargos", denunció en el informe.
Respecto a la desaparición de personas en México, que llegaron a situarse en más de 26,000 desde diciembre de 2006 según datos del gobierno de Peña Nieto, el organismo internacional indicó que no se han demostrado "adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas".
"México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes", agregaron.
Asismismo, denunció que los militares que cometen estos abusos no son llevados ante la justicia, "en gran parte debido a que los hechos continúan siendo investigados y juzgados en el sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia".
HRW destacó como un problema importante en México que el sistema de justicia ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, debido a causas como corrupción, capacitación y recursos insuficientes. Y recordó que la Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos no ha sido aún reglamentada.
"En México, la débil aplicación de la ley ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa ciudadana armados en algunas regiones del país", señalaron los autores del informe.