El presidente de México, Felipe Calderón, decretó la noche de ayer la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el despido de sus 60 mil trabajadores, a quienes se les pagará una indemnización de hasta 20 mil millones de pesos (unos mil 538 millones de dólares).
La sorpresiva medida, antecedida por la toma policial de las instalaciones de LyFC, se dio en el marco de un conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal que no reconoce a su líder, Martín Esparza, por supuestas anomalías en su elección.
Pese a ello, el gobierno argumenta que la liquidación obedece a cuestiones financieras y operativas, ya que la empresa era "ineficiente".
Las primeras reacciones vinieron del SME, que esta mañana realizó una marcha de rechazo hacia la Secretaría de Gobernación, resguardado por cientos de policías.
El SME exige la derogación del decreto, la salida de la policía de las instalaciones y la instauración de una mesa de diálogo con el gobierno sobre la forma de operar la empresa.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aceptó reunirse con Esparza y otros líderes del SME, pero tras dos horas las posiciones no se movieron.
La Secretaría indicó en un comunicado que en la reunión Gómez Mont defendió la decisión del gobierno y rechazó dar marcha atrás a la liquidación, mientras que los sindicalistas le dijeron que "harán uso de las instancias legales" para hacer valer sus posiciones.
La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) expresó "su absoluto respaldo y reconocimiento" al presidente Calderón "por las eficientes acciones emprendidas" sobre LyFC.
Afirmó en un comunicado que "se congratula por el mensaje de eficiencia enviado por el presidente Calderón, y confía en que continuará trabajando sin afectaciones y con un servicio de energía de mayor calidad en beneficio de México".
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se sumó a este apoyo y su líder, Miguel Marón, dijo que estaban conscientes de que se realiza "en bien del país".
"Es algo que ya se esperaba desde hace mucho tiempo y ahora el Jefe del Ejecutivo demuestra que tiene la voluntad política para eliminar cargas", dijo Marón en un comunicado.
En contraste, la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dice representar a cinco millones de labriegos, repudió la liquidación de la empresa porque representará el "desempleo de más de 60 mil trabajadores, a los que se engañó con la promesa de iniciar un proceso de negociación".
La CNC, organización a fin al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el decreto "es una mala señal del gobierno federal, que cada vez más se manifiesta de manera represiva contra los sindicatos y las organizaciones sociales".
El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la Presidencia y quien desconoce a Calderón como mandatario, dijo a los sindicalistas que "no están solos" y anunció que este lunes realizará una "gran asamblea" frente a la Cámara de Diputados.
Hasta ahora la toma de instalaciones por parte de la Policía Federal y las protestas de los sindicalistas se han realizado de forma pacífica.
Según el gobierno de México el servicio de energía eléctrica no será privatizado y seguirá en manos del Estado, "como lo ordena la Constitución", y la operación de LyFC estará a cargo de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El secretario Gómez Mont aseguró en rueda de prensa que la extinción se debe a que la "situación financiera era insostenible" y no a una acción contra el sindicalismo, además de que afirmó que no hay orden de detención contra el líder sindical Martín Esparza.
LyFC suministraba energía eléctrica al Distrito Federal, a 82 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, con una población total de 25 millones de personas.