El ombudsman expresó lo anterior luego de la ceremonia de entrega de un acervo bibliográfico que realizó la comunidad judía de B"nai B"rith a la biblioteca del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.
En entrevista, dijo que es necesario revisar y conocer el caso de las guarderías subrogadas para tener una absoluta certeza y no hacer juicios a priori.
"El hecho de que haya nombres de distintas personalidades políticas y jurídicas o vinculadas con distintos funcionarios no supone necesariamente la comisión de un delito", indicó.
En este sentido reiteró que no hay que hacer conclusiones inmediatas "porque esto puede generar situaciones de bastante injusticia".
Alvarez Icaza señaló que este proceso no debe llevar al cierre de guarderías "porque quien paga los platos rotos son las mamás", que no tendrían con quien dejar a sus hijos.
A lo que debe conducir este proceso, agregó, es a mejorar el servicio y a fortalecer el servicio de guarderías para que tengan todas las condiciones de seguridad y protección para su desarrollo.
Alvarez Icaza consideró necesario fortalecer la acción del Estado para que las mamás y los papás puedan ir a trabajar, pues "me imagino la angustia de una madre que tiene que ir a trabajar y de repente cerraron la guardería".
Este problema no debe llevar a acción para debilitar la presencia del Estado en materia de protección a las y los niños, sino por el contrario tiene que haber una acción necesaria para proteger, fortalecer y mejorar los servicios en esta materia, reiteró.