Esta brecha no es exclusiva de un país o una región, se ha dado a nivel global; sin embargo, los países menos desarrollados son quienes más la han padecido. El informe ¿Cuántos trabajos pueden hacerse desde casa?, realizado por prestigiosos académicos de la Universidad de Chicago, estima que en México sólo el 25% de los trabajos se pueden realizar en casa, a comparación de naciones más desarrolladas como Estados Unidos (37%) y Suiza y Reino Unidos (ambos 40%).
Para los investigadores determinar “la proporción de trabajos que se podrían realizar en casa es un insumo importante para predecir el desempeño de la economía durante este o períodos posteriores de distanciamiento social”, refieren en su estudio.
Para Andrea Rojas, Head de Recursos Humanos (RRHH) en Runa, plataforma de nómina y gestión de Recursos Humanos, “la importancia de detectar esta brecha también radica en que tanto empresas como gobierno centren sus esfuerzos y colaboren para reducir el impacto del COVID-19 y crear empresas más sólidas, trabajadores con mejores condiciones laborales y economías más resilientes ante la crisis”.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también ha advertido de esta problemática: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, señaló durante el Informe especial COVID-19 N⁰ 7, que a pesar de que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia, “las brechas de acceso condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas”, ya que sólo los trabajadores con mayor estrato social tienen acceso a estas tecnologías y por ende pueden trabajar desde casa.
El acceso a internet y banda ancha con velocidad adecuada también determina las posibilidades de que un empleado pueda o no hacer home office. Esta desigualdad es muy evidente entre un país y otro, pero incluso dentro de una misma nación se puede detectar diferencias significativas entre las zonas rurales y urbanas.
De acuerdo con la CEPAL, las familias con menos recursos destinan un porcentaje importante de sus ingresos para cubrir el costo del servicio de banda ancha móvil y fija, que se estima que es de entre 12 y hasta 14% de sus ingresos.
Además de estas problemáticas, cabe destacar que debido a la dinámica misma de empleo, una buena parte de los trabajadores no pueden realizar sus actividades desde casa, como aquellos que dependen de la interacción física o el sector del comercio informal.
La CEPAL ha señalado la necesidad de atacar la informalidad y proteger a esos trabajadores incorporándolos al sistema formal, permitiéndoles el acceso a los esquemas de salud y brindándoles mejores condiciones laborales; ya que luego del COVID-19, el porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al home office está positivamente vinculado al nivel del PIB per cápita y mejores ingresos.
A nivel sectorial, la probabilidad de teletrabajar para sectores mejor pagados del mercado como los servicios profesionales, científicos, educativos y financieros es superior al 80%, mientras que para sectores como la industria manufacturera o construcción, (donde los sueldos suelen ser menores), las posibilidades de hacer home office son menores al 5%.
Lo anterior habla de la necesidad de replantear la forma y condiciones de trabajo que se requieren para la nueva normalidad. “Brindar a los trabajadores las condiciones adecuadas que contribuyan a su bienestar profesional y les permita seguir laborando con seguridad, no sólo tendrá impacto en su productividad y finanzas personales, sino también a nivel de empresas y crecimiento económico para los países”, puntualiza la especialista en Runa.