En un comunicado, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la iniciativa reforma el artículo 27 de la Ley Minera, y que el no acatamiento será motivo de la suspensión de la concesión, así como de la cancelación definitiva en caso de reincidencia.
El legislador explicó que al mes de julio de 2010, el empleo en la industria minero metalúrgica fue de 285 mil 858 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra superior en 6.8 por ciento, respecto al mismo periodo de 2009.
Apuntó que no todos los trabajadores mineros se encuentran afiliados al IMSS, pese a que se trata de una actividad riesgosa, que incluso ocasiona enfermedades derivadas de los minerales.
Aunado a esto, insistió, su trabajo no está bien remunerado.
De igual forma, planteó reformas a las leyes Federal del Trabajo, a la Federal de Derechos y a la de Coordinación Fiscal, a fin de construir una política minera que permita el aprovechamiento racional y justo de los recursos mineros.
Ávila Nevárez propuso que los concesionarios paguen un derecho de extracción minera, para destinarlo a un fondo adicionado a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo reparto sea mayoritario; es decir, un 80 por ciento para las Entidades Federativas y el 20 por ciento a la Federación.
Esas reformas, puntualizó, son necesarias dado que México se mantiene como uno de los mejores países para invertir en minería; además de que es la cuarta industria que más ingresos genera, sólo debajo de la venta de petróleo, el envío de remesas y el turismo.
Subrayó que a julio de 2010 se tenían identificadas 281 empresas mineras que operan aproximadamente 737 proyectos en sus diferentes etapas de ejecución.
En materia de concesiones en el mismo lapso, detalló, se otorgaron 914 nuevos títulos, que amparan una superficie de mil 909 mil hectáreas, lo que permitió alcanzar un saldo acumulado de 25 mil 149.
La propuesta de reforma al artículo 27 de la Ley Minera es analizada por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.