La institución señaló que el 57.14 % de las 1,584 armas incautadas en este período estaban en manos de "particulares" y el 42.86 % fueron decomisadas a pandilleros.
Apuntó que el 83.34 % de las armas de fuego decomisadas son pistolas y revólveres, mientras que el 7.14 % son escopetas y el 4.76 % son fusiles y armas artesanales.
La PNC señaló que solo entre el 14 y 20 de junio cerca del 20 % de las armas incautadas provenían del tráfico ilegal y un 23,81 % estaban alteradas para evitar la identificación de su origen.
Explicó que las armas ingresan al país por puntos ciegos en las fronteras para evitar el registro de las autoridades migratorias o son escondidas en vehículos.
Los datos de la División de Armas y Explosivos (DAE) de la PNC indican que los delitos relacionados con estos decomisos son tenencia ilegal de arma de fuego, intento de homicidio y efectuar disparos al aire.
Según un estudio del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de EE.UU. publicado en agosto pasado, "El Salvador registró la tasa de mortalidad acumulada más alta relacionada con armas de fuego a nivel mundial" entre 1990 y 2016 con 39.2 muertes por cada 100,000 habitantes.
El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), grupo al que Estados Unidos busca eliminar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias, que poseen unos 60,000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.
El Gobierno atribuye a estos grupos criminales los índices de violencia de entre 103 y 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en los últimos cuatro Gobiernos.
