"Instamos a todos los países a suspender las iniciativas de un impuesto digital para permitir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcance exitosamente un acuerdo multilateral", indicó Mnuchin en una carta remitida a Ángel Gurría, secretario general del organismo.
Asimismo, remarcó que EE.UU. se opone a esta tasa, conocida popularmente como "tasa Google" ya que tienen "un impacto discriminatorio" sobre las empresas con sede en el país.
"Creemos que es muy importante que las conversaciones logren un acuerdo de modo de que se prevenga la proliferación de medidas unilaterales (...) que amenazan el duradero consenso multilateral sobre fiscalidad internacional", agregó.
La carta de Mnuchin se produce apenas dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que impondrá aranceles de hasta el 100 % del valor de ciertos importaciones franceses, valoradas en un total de 2.400 millones de dólares.
La decisión de Trump se produjo en respuesta a la aplicación una tasa en Francia sobre los ingresos de los servicios digitales de grandes tecnológicas de EE.UU., como Google y Facebook.
El impuesto francés, del 3%, afecta a las compañías cuyos ingresos anuales superan los 750 millones de euros a nivel mundial (unos 845 millones de dólares), de forma que unas 30 empresas podrían verse afectadas, la mayoría estadounidenses, aunque la lista también incluye a firmas chinas, británicas y alemanas.
Después de que entrase en vigor, la USTR, la agencia responsable de la política comercial exterior de EEUU, anunció el inicio de una investigación contra Francia por su tasa a las tecnológicas al considerar que se dirigía "injustamente" contra los gigantes estadounidenses.
La OCDE presentó en octubre un informe en el propone que las grandes corporaciones tributen donde estén sus usuarios, sin importar el domicilio fiscal de las compañías.
De este modo, grandes compañías tecnológicas como Google, Apple, Facebook o Amazon, pagarían una parte de sus impuestos en los mercados donde generan sus beneficios, a las que se ha acusado de recurrir a mecanismos de ingeniería fiscal para radicar su sede en países de baja carga impositiva y reducir así sus obligaciones fiscales.