La Secretaría de Economía precisó en un comunicado que presentó la solicitud al considerar que las medidas adoptadas por Argentina "restringen la importación de mercancías dentro de su territorio y discriminan entre mercancías nacionales e importadas", contraviniendo las reglas de la OMC.
Esta petición da seguimiento a las consultas iniciadas por México el pasado 24 de agosto, las cuales se llevaron a cabo de forma coordinada con Estados Unidos y Japón.
Estos tres países se unieron al reclamo que la Unión Europea hizo en mayo pasado ante la OMC tras la decisión argentina de expropiar la petrolera española YPF y en las cuales México participó como tercero.
Entre las medidas impuestas por el Gobierno argentino, la nota mexicana cita la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y las licencias no automáticas en forma de certificados de importación, que pueden ser negadas para retrasar o rechazar las importaciones.
La Secretaría de Economía indicó que Argentina somete la importación de mercancías "a la validación de la DJAI", un documento utilizado como un filtro al ingreso de productos con "criterios discrecionales que retrasan o restringen las importaciones".
Además, criticó que Argentina exija a importadores de mercancías que asuman ciertos compromisos, entre ellos limitar sus importaciones y equilibrarlas con las exportaciones, realizar inversiones en instalaciones productivas del país y controlar los precios de sus mercancías.
Economía recordó que México ha estado trabajando de manera coordinada con Estados Unidos, Japón y la UE en la solicitud del panel, que "una vez integrado conocerá de la controversia y resolverá el conflicto entre las partes", un proceso que puede prolongarse años.
La queja de Japón, Estados Unidos y la UE tiene que ver con las supuestas medidas proteccionistas que Argentina aplica desde 2008 a la importación de productos como tractores, neumáticos, piezas de recambio, juguetes, calzado, computadores, papel, artículos para el hogar y textiles.
En el caso mexicano, la controversia surgió a raíz de la decisión adoptada por Argentina en junio pasado de suspender por tres años la aplicación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) en el sector automotor con México.
Según Argentina, ese acuerdo temporal "constituye una violación grave" del ACE 55, suscrito en 2002 entre México y el Mercosur, integrado entonces por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y al que se sumó Venezuela en 2006.
México calificó la decisión argentina como unilateral al asegurar que el concepto de suspensión que utilizó para frenar el comercio de autos es ajeno a todo principio de derecho internacional y a las prácticas comerciales.
El Gobierno mexicano reiteró hoy su rechazo a "cualquier práctica que indebidamente impida la entrada" de sus productos a otros mercados.
Según la Secretaría de Economía, las restricciones argentinas tienen el potencial para afectar todas las exportaciones mexicanas, que el año pasado sumaron 1,958 millones de dólares.