Mediante una iniciativa, ambas legisladores propusieron al Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que deberá expedirse a más tardar el 30 de abril de 2014, en cumplimiento de la fracción I del artículo transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014.
La propuesta de Alavez y Rosas se compone de siete títulos: Definiciones Generales, Constitución y Registro, Democracia Interna, Financiamiento, Sistema de Fiscalización, Transparencia y Régimen de Sanciones Administrativas.
Estos siete títulos se corresponden con los siete puntos que la reforma constitucional publicada el 10 de febrero señala como mínimos a contener en la Ley General de Partidos Políticos que ordena crear, mismo que reglamentará los que existan a nivel nacional y local.
En particular del Título Quinto –Del Sistema de Fiscalización-, ambas legisladoras señalaron que su propuesta implica un cambio sustantivo y de gran calado en la materia, ya que corresponderá al Instituto Nacional Electoral, tanto en los procesos electorales federales como en los locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los institutos y sus candidatos.
Además, resaltaron que derivada de la citada reforma constitucional que incorpora nuevas causales de nulidad, los procedimientos y plazos para la fiscalización se rediseñan en su propuesta.
“Con el Decreto de reforma Constitucional desaparece la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que contaba con autonomía de gestión dentro del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, y de conformidad con dicha Reforma, se crea la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. De igual manera, y dado que la fiscalización es una tarea que compete al Consejo General del INE y no a una unidad autónoma, como en el esquema anterior, es necesario que el Consejo General cuente con una Comisión que supervise y dé seguimiento en esta materia, por lo que se crea la Comisión de Fiscalización”, precisaron.
Esta Comisión de Fiscalización se integrará por consejeros electorales y tendrá a su cargo la vigilancia del manejo de los recursos de los partidos políticos, así como la supervisión de la recepción, revisión y dictamen sobre el origen y destino de sus recursos y sus candidatos.
Por otra parte, en su iniciativa, ambas parlamentarias plantearon reducir los plazos para poder superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, ya que las autoridades que regulan las instituciones bancarias, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria, demoran demasiado la entrega de la información solicitada, lo que resulta sustantivo para ejercer la atribución fiscalizadora.
Adicionalmente, plantearon incorporar la facultad para la imposición de sanciones en caso de que no se entregue la información solicitada o que la misma se entregara fuera del plazo requerido, más aún cuando existe la inmediatez para resolver sobre el presunto rebase al tope de gastos de campaña que trae consigo la nulidad de la elección respectiva.
En su planteamiento de ley, las diputadas perredistas consideran que los partidos políticos, en aras de la transparencia en el manejo de recursos públicos, deberán reportar a través de internet y en tiempo real todas sus operaciones financieras, tanto por gastos ordinarios como por los de campañas y precampañas.
También se considera información pública aquélla que contenga los salarios de los integrantes de sus órganos de dirección, los montos de financiamiento público que se les otorga mensualmente y sus informes de ingresos y gastos, entre otros.