En su más reciente balance de 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) prendió las alarmas ante el aumento en 2017 de casos de desaparición, amenazas, homicidios selectivos, violencia sexual, desplazamientos masivos, extorsiones, minas antipersonal y el fenómeno del pandillerismo.
Apuntó que las zonas más complejas en la violación de los derechos humanos son los departamentos de Chocó, en la frontera con Panamá, Nariño (límites con Ecuador), Norte de Santander (límite con Venezuela), Cauca (suroccidente), Guaviare, Arauca (suroriente), Caquetá (sur) y Antioquia (noroccidente).
“Es alarmante que continúen los casos de desaparición, amenazas, homicidios selectivos, violencia sexual, desplazamientos masivos y gota a gota, las extorsiones, el confinamiento, minas antipersonal y otros explosivos, el control social y la vinculación de menores de edad a grupos armados y pandillas”, advirtió el CICR.
El organismo insistió “en que el cumplimiento de las normas humanitarias no es una opción. La fuerza pública (policía) y todos los grupos armados en el país deben respetar y mantener a la población civil al margen de las hostilidades. (Las) pandillas también deben asegurarse de evitar afectar a la población”.
En 2017, la Unidad de Víctimas reportó “cerca de 77 mil víctimas del conflicto y la violencia, la mayoría desplazados. No solo se trata de un número preocupante de personas. Cada cifra representa la historia de dolor de una familia que nunca debería haber sufrido una situación así”.
Una muestra de esa inquietante tendencia “es que, ante la debilidad en la respuesta de las instituciones estatales, nuestros equipos activaron 14 operaciones humanitarias de emergencia durante 2017, la mayoría en la costa pacífica, para brindar asistencia a víctimas de desplazamiento o a quienes habían quedado confinados debido a confrontaciones armadas”.
Para el CICR en 2018, Colombia “vive un periodo de transición política y social. A su vez, tiene una oportunidad histórica para rescatar la voz de más de ocho millones de víctimas del conflicto”.
El organismo instó al “próximo gobierno y a los integrantes del Congreso que resulten elegidos en 2018 a priorizar en sus programas políticos la respuesta humanitaria a las víctimas del conflicto y la violencia armada”.
Los dirigentes del país en los próximos años “deben comprometerse a respetar particularmente las dimensiones humanitarias del Acuerdo de Paz y garantizar recursos para su implementación”.
Por otra parte, dijo que es imperativo que en los acercamientos entre el gobierno y el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos diálogos avanzan en la ciudad de Quito, Ecuador, se “adopten acuerdos humanitarios que tengan un impacto real en la vida de las personas que más sufren por el conflicto”.
Hicieron un llamado a la Fuerza Pública y a todos los grupos armados ilegales, incluidos los disidentes de las desmovilizadas FARC, a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, y a mantener a la población civil al margen de las hostilidades.
EL CICR recordó al Estado colombiano “su obligación de limitar el uso de la fuerza, en el marco del DIH, solamente a los grupos que hacen parte del conflicto armado, como lo define el derecho internacional”.