De acuerdo con la ONG, testigos de la comunidad de Manguinhas, donde ocurrieron los hechos, aseguran que los disparos se hicieron contra personas que "no representaban una amenaza para nadie cuando fueron disparadas", desde una alejada torre del principal complejo de la Policía Civil en la ciudad, cuya sede está en esa barriada.
Las muertes de los civiles ocurrieron los días 25 y 29 de enero de este año, cuando fueron "asesinados a tiros" Carlos Eduardo Santos Lontra, de 27 años, y Rómulo Oliveira da Silva, de 37, en los alrededores de una plaza de la favela.
Una tercera persona de 22 años también fue tiroteada en esa plaza el mismo día que Oliveira da Silva pero sobrevivió.
De acuerdo con las declaraciones de la víctima, cuyo nombre omitió la HRW por seguridad, el tiro vino de una torre ubicada en la Ciudad de la Policía, el principal complejo de la Policía Civil de Río de Janeiro, ubicada "a trescientos metros de donde el hombre fue alcanzado".
Habitantes de la comunidad, testigos de los hechos, que fueron consultados por la ONG durante una visita al lugar de las ocurrencias, también creen que el tiro fue disparado desde la torre.
El 11 de febrero un equipo del Grupo de Acción Especializada en Seguridad Pública de la Fiscalía de Río (GAESP) y expertos criminales de la Policía Civil visitaron la torre y, de acuerdo con lo informado por HRW en el comunicado, concluyeron que sería posible un francotirador acostado en el tejado de la torre dispararle a personas en la plaza.
La organización señaló que dado que los hechos involucran a agentes de la Policía Civil, las investigaciones deberían estar en manos de otras autoridades y no lideradas por esa institución.
"Dada la posibilidad de que el asesino sea un policía civil que disparó desde una instalación de la Policía Civil, la investigación no debería ser liderada por la Policía Civil sino por el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro y por la Policía Federal", precisó Daniel Wilkinson, director adjunto de la división de las Américas de HRW, citado en el comunicado.
Al llamado de la organización se unió la Defensoría Pública de Río de Janeiro basada en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017, en un caso de homicidio cometido por un agente policial.
De acuerdo con la decisión, Brasil debe asegurar que las investigaciones de homicidios supuestamente cometidos por la policía sean conducidas por un "órgano independiente y diferente de la fuerza pública implicada en el incidente".
Según el comunicado, al menos otras cuatro personas murieron en 2018 en el mismo perímetro como resultado de disparos que se cree que fueron accionados desde la torre de la Policía Civil. No obstante, los detalles de esas muertes no pudieron ser confirmados por HRW.
Datos del Instituto de Seguridad Pública de Río señalan que 1.530 personan murieron en 2018 a manos de la policía, el mayor número desde que este estado brasileño comenzó a recoger los datos, en 1998.
Según HRW, esos datos se refieren únicamente a casos en que policías informaron haber matado a sospechosos durante el servicio, algo que para la organización no corresponde con la realidad porque, según las investigaciones adelantadas por la ONG, "muchas muertes causadas por la policía son ejecuciones extrajudiciales".
La ONG también señaló que las investigaciones que ha adelantado la Policía Civil sobre muertes cometidas a manos de alguno de sus agentes tienen un "mal historial", y hay evidenciado que no se cumplen los requisitos "más básicos de una investigación de homicidio, como examinar la escena del crimen y cuestionar a la policía y a los testigos adecuadamente".