El vocero presidencial, Robert Gibbs, dijo que “El presidente está profundamente frustrado porque esta fuga no ha sido detenida”, al reiterar que para el mandatario, la situación constituye una de las prioridades nacionales más urgentes.
Gibbs no descartó la posibilidad de que el gobierno imponga más regulaciones sobre la operación de pozos petroleros en alta mar, haciendo notar que algunas de estas acciones no requieren intervención del Congreso.
“El presidente fue muy claro con su equipo (el lunes), acerca de que él quiere que se vean todas las opciones” indicó Gibbs, en referencia a una reunión que Obama sostuvo con miembros de su gabinete para discutir la situación.
Los comentarios precedieron a la primera audiencia celebrada en el Congreso en torno al derrame, donde comparecieron directivos de la British Petroleum, responsable directa de estos trabajos.
En esa sesión, senadores estadunidenses fustigaron al presidente de la firma Lamar McKay, por su responsabilidad en el derrame diario de unos 800 mil litros de petróleo frente a costas de Louisiana, Missisipi y Alabama.
McKey dijo a los legisladores que la empresa cubrirá la mayoría de los daños y las pérdidas que el derrame ha provocado en la industria pesquera en esa región, pero dejó en suspenso otros pagos asociados con estos daños.
Actualmente existe una iniciativa en el Senado para elevar de 65 a 75 mil millones de dólares el monto límite a pagar por las empresas responsables de derrames similares.