En un punto de acuerdo presentado por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, se precisa que en caso de que el informe no sea satisfactorio se solicitará la comparecencia del delegado. También se pedirá al Director Jurídico y de Gobierno de esa delegación, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, explique las acciones que realiza ante las denuncias de extorsión hechas por comerciantes del Bazar del Oro.
En tribuna, el legislador perredista expuso que el titular en Cuauhtémoc acude a diversos actos y espacios públicos acompañado de quien dice ser su Fiscal Anticorrupción, cargo que no existe en ninguna demarcación ni dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, y que es encabezado por su ex compañera de bancada Zuleyma Huidobro.
“A pesar de este cargo ‘patito’, tan o más ‘patito’ que las escuelas que recientemente instaló su partido, Morena, para seguir engañando a la gente y allegándose de recursos con fines político-electorales, Monreal le ha dado a su ‘ficticia’ funcionaria una potestad que envidian sus propios Directores Generales, pues ningún servidor público en la Cuauhtémoc hace valer su ley como Huidobro, claro, con el consentimiento tácito y expreso del Jefe Delegacional”, dijo.
Por ello Texta Solís propuso investigar el posible delito de usurpación de funciones por parte de la funcionaria, así como el abuso de autoridad por la conducta del delegado; por lo que se pidió a la Contraloría General determinar las responsabilidades administrativas correspondientes por crear dentro de la estructura organizacional una nueva instancia, sin aprobación previa ni anclaje legal para hacerlo.
Asimismo, en el punto de acuerdo se solicita al Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, que investigue de manera inmediata y exhaustiva los posibles actos de corrupción denunciados y, de ser procedente, actúe de conformidad con sus atribuciones e imponga las sanciones correspondientes.
También, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) realizar una indagatoria del caso y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México efectuar visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y, en su caso, determinar la apertura de alguna auditoría especial sobre el mismo.
Lo anterior, luego de que el pasado 24 de febrero se difundió la denuncia hecha por comerciantes en contra de funcionarios de la actual administración delegacional encabezada por Ricardo Monreal, en el sentido de que les son solicitadas aportaciones de hasta 500 pesos por día para poder colocarse en las calles, y que, ante cualquier negativa, son amenazados con el retiro de los permisos otorgados por la autoridad.