La diputada Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) presidenta de la Comisión de Equidad y Género, afirmó que ya no habrá pretexto para terminar con la impunidad y complicidad de criminales con autoridades en torno a los femicidios, luego de que el Ejecutivo federal publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma de ley que tipifica este delito.
La legisladora afirmó que ha sido un gran logro de la Cámara de Diputados y en general del Congreso, la publicación del decreto que reforma el Código Penal Federal, las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual tipifica el delito del feminicidio y lo sanciona con penas que van de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo.
“A la par de éstas penas, se establece la destitución e inhabilitación por un lapso de tres a ocho años del o los funcionarios que incurran en negligencia o alevosía; que retarden o entorpezcan la procuración y administración de la justicia”.
Nazares Jerónimo señaló que este hecho no tiene precedentes a escala nacional y que la salvaguarda de los derechos de las mujeres ha sido un compromiso permanente de los poderes de la Unión, en particular del Congreso General, que se dio a la tarea de asentar en el Código Penal Federal este nuevo tipo penal a fin de combatir con efectividad el ominoso flagelo del feminicidio, que vulnera el derecho a la vida, consagrado en la Carta Magna y en los tratados internacionales firmados por México.
La legisladora celebró que el Ejecutivo federal publicara el decreto sin observaciones y en un plazo pertinente, que se originó con la reforma que el 30 de abril del presente año todos los grupos parlamentarios votaron a favor.
Mencionó que el siguiente paso será la adecuación de los reglamentos de cada uno de los ordenamientos reformados o adicionados, a fin de darles operatividad.
Asimismo, destacó que una vez que entren en vigor las nuevas disposiciones, las autoridades ministeriales, los peritos y el personal que atiende a víctimas, deberán ser observantes de la legislación y someterse a cursos permanentes de especialización en las materias de derechos humanos y perspectiva de género.
Ello, para la debida diligencia en la conducción de las averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio.
En suma, concluyó, con esta importante reforma se establecerá un marco general para que, en el ámbito local, los congresos de los estados armonicen su legislación y homogenicen directrices y sanciones para enfrentar este delito.