Al asumir su independencia, México tuvo que enfrentar grandes males geopolíticos, como el aislamiento internacional, problemas fronterizos, separatismo de regiones y deterioro de caminos, explicó el senador panista Javier Castelo Parada.
Ante ello, añadió, el Estado Mexicano tuvo que restringir la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros mediante la Ley de Colonización, promulgada en 1824, siendo ésta el primer antecedente de las zonas prohibidas, ahora definidas como restringidas.
“La justificación de la zona restringida obedeció a la necesidad de proteger la soberanía y territorio nacionales ante la posibilidad de que surgiera un nuevo evento de colonización por parte de extranjeros en zonas limítrofes con otras naciones; de ahí que la razón de ser de las zonas restringidas sea sólo histórica y por tanto la prohibición que afecta a dichas zonas ha dejado de tener un valor práctico real”.
“Por otra parte, en el caso de las playas, la prohibición fue eminentemente de naturaleza militar, referida a la defensa estratégica de las costas, para no facilitar el desembarco de fuerzas enemigas en nuestros litorales, motivación que hoy en día resulta obsoleta”, señaló el legislador por Sonora.
Añadió que no debe pasarse por alto que el acceso a la propiedad de bienes inmuebles a extranjeros en zonas urbanas o playas obedece a fines turísticos, circunstancia que no representa en modo alguno peligro para la soberanía o para el territorio de la nación.
Con base en ello, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción I del artículo 27 la cual propone permitir a los extranjeros adquirir inmuebles en las zonas restringidas, es decir a lo largo de los cien kilómetros de las fronteras y los 50 kilómetros de playas.
“Esta iniciativa permitirá actualizar nuestro marco jurídico y darle transparencia a las operaciones que desde hace años se han celebrado involucrando inmuebles en costas y playas”.
“Traerá inversiones, generará empleos, principal demanda y necesidad que tenemos en el país. Esta iniciativa nos permitirá tener un marco jurídico que promueva la competitividad del país”, puntualizó
Finalmente precisó que no debe pasarse por alto que el acceso a la propiedad de bienes inmuebles a extranjeros en zonas urbanas o playas, obedece generalmente a fines turísticos o de recreo, circunstancia que no representa de modo alguno peligro para la soberanía o para el territorio de la nación, por el contrario conlleva grandes ventajas para México la inversión y el arribo de importantes fuentes de divisas, con la apertura del turismo, lo que se vería necesariamente reflejado en la economía nacional.
“Adicionalmente, la eliminación de la prohibición de que se trata en las zonas fronterizas del país permitirá indudablemente el crecimiento de la actividad comercial en beneficio de sus habitantes, particularmente por lo que se refiere a los mercados de bienes inmuebles y turístico, merced a la inversión extranjera que indudablemente atraerá en torno a ciertas zonas urbanas y otras de interés general para inversionistas”, dijo el también secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico de la Cámara Alta.
La iniciativa fue presentada a nombre propio y de los senadores panistas Jaime Rafael Díaz, Ochoa, María Serrano Serrano, Alejandro González Alcocer, Ramón Galindo Noriega, Juan Bueno Torio; el priista Eloy Cantú Segovia; el senador Ericel Gómez y la senadora Irma Martínez.