Rompen pacto federal gobernadores de PAN

El PRD en la Asamblea Legislativa condenó la acción de inconstitucionalidad que promueven cinco gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, por considerar que lesiona el pacto federal.

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El PRD en la Asamblea Legislativa del DF, condenó la acción de inconstitucionalidad que promueven cinco gobernadores del PAN.

Los legisladores perredistas estimaron que los gobiernos de Tlaxcala, Morelos, Sonora, Jalisco y Guanjuato lesionan el pacto federal al tratar de interferir en una decisión legítima adoptada por los poderes legalmente constituidos en la capital.

"La acciones de inconstitucionalidad de gobiernos panistas representa un atentado contra la autonomía de los poderes legalmente constituidos en el Distrito Federal y una intromisión a las decisiones que adoptamos", señaló la asambleísta del PRD, Maricela Contreras.

Dijo que dichos gobiernos pretenden romper el Pacto Federal establecido en el Artículo 40 constitucional, que establece que los estados deben respetar las decisiones que adopten los congresos y gobiernos de otras entidades.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que la controversia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una embestida de los grupos de derecha contra los avances democráticos del Distrito Federal.

La también presidenta de la Comisión de Salud en Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió a los gobernadores panistas atender primero los graves problemas de sus respectivas entidades como la violación a los derechos humanos.

En ese sentido, dijo, que el estado de Morelos presenta altos índices de muertes violentas contra mujeres y que en Tlaxcala proliferan el tráfico de personas y redes de prostitución.

En Guanajuato, indicó, se encarcela a mujeres violadas que deciden abortar, mientras que en Sonora tienen graves problemas de inseguridad y de narcotráfico.

De Jalisco criticó que se construyan santuarios religiosos con recursos públicos y la violación a los derechos humanos.

Con estos argumentos, Contreras demandó se respeten las decisiones que adoptan tanto el gobierno de la Ciudad como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).