El Gobierno venezolano ha adoptado e impulsa medidas que reducen la capacidad de los críticos del Gobierno para expresar sus opiniones y que limitan seriamente la libertad de expresión en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch.
El 30 de julio de 2009, la Fiscal General de la Nación presentó un proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" que contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes, a través de los medios de comunicación, divulguen información "falsa" que produzca un "perjuicio a los intereses del Estado".
Este proyecto de ley se presentó luego de que las autoridades venezolanas adoptaran diversas medidas durante este mes que atentan gravemente contra la libertad de expresión. Cancelaron la transmisión por televisión y radio de avisos publicitarios que critican un proyecto legislativo del Gobierno de Chávez, propusieron nuevas reglamentaciones que obligarían a los canales de cable a transmitir en directo las cadenas con discursos del Presidente Hugo Chávez y anunciaron su intención de limitar la capacidad de las estaciones de radio de agruparse a través de circuitos para extender su cobertura a todo el país.
"Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión".
Legislación sobre "delitos mediáticos"
El proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" criminaliza la divulgación de noticias "falsas" que causen un "perjuicio a los intereses del Estado" y la "manipulación o tergiversación de la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública". Cualquier persona que cometa estos "delitos mediáticos" podría ser condenado por hasta cuatro años.
En caso de ser sancionada, esta ley constituiría una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión, incluido el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificada por Venezuela.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor".
"El proyecto de ley no es más que una receta para la censura y resulta absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión", manifestó Vivanco.
Censura de una campaña publicitaria
El 3 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) inició un procedimiento administrativo contra cuatro canales de televisión y dos estaciones de radio por difundir una campaña publicitaria preparada por dos organizaciones que promueven la protección de los derechos de propiedad privada en Venezuela.
La campaña, que se difundió al mismo tiempo en que el Gobierno de Chávez presentó un proyecto de ley con el propósito de definir, establecer y regular la propiedad social en Venezuela, consistía en seis espacios publicitarios de 30 segundos en los cuales se mostraba a ciudadanos de a pie explicando el gran esfuerzo que habían hecho para adquirir sus bienes. Al final, cada una de estas personas afirma que "defenderá" su propiedad si alguien intenta quitársela.
CONATEL ordenó a las estaciones que cancelaran inmediatamente la difusión de estos avisos mientras investiga el caso, argumentando que "contienen mensajes que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población pudiendo fomentar en el colectivo conductas tendientes a alteraciones del orden público y que pueden ser contrarias a la seguridad de la Nación".
Diosdado Cabello, Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda y Director de CONATEL, expresó que este tipo de campaña puede afectar "la salud mental de los venezolanos".
Asimismo, CONATEL también ha prohibido la difusión de avisos "similares". Dado el lenguaje amplio empleado para esta prohibición, es difícil para los canales y estaciones determinar cuáles avisos no deberían ser transmitidos. Si bien el procedimiento administrativo aún está en curso, la prohibición sobre estos avisos ya está siendo implementada.
"Se trata de una restricción irracional del derecho de libertad de expresión", señaló Vivanco. "Esta prohibición generalizada de avisos en los cuales se critica una propuesta legislativa oficial limita el debate público, que es un componente clave de cualquier sociedad democrática".