Ante la crítica situación que viven las finanzas públicas estatales y la urgente necesidad de que las entidades federativas sean responsables en el manejo de los recursos que reciben de la federación, el Senador Ramón Galindo Noriega propondrá que los Estados y el Distrito Federal informen de los avances legislativos que han emprendido para dotar a sus órganos estatales de fiscalización de autonomía técnica y de gestión.
“La tarea de fiscalización de los recursos públicos en cada una de las entidades, es de suma importancia, sobre todo porque para la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los recursos que se transfieren a los estados es una de las áreas más oscuras en materia de transparencia y rendición de cuentas”.
Incluso, añadió el también presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, el propio Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ha llamado a los Estados ‘la caja negra del gasto público’.
La opacidad y la ineficiencia demostrada por los gobiernos estatales en el manejo de sus finanzas, explicó el senador por el Estado de Chihuahua, es preocupante, sobre todo porque cada año reciben mayores recursos, se endeudan más, y no transparentan su gestión, incluso, agregó “hay algunos que se niegan categóricamente a dar cuenta de sus operaciones, como es el caso de Nuevo León”.
Una muestra clara del incremento de los recursos que perciben las entidades federativas es el caso del gasto federalizado –Ramo 28 (Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios), Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidade
Federativas y Municipios), Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas), mismo que ha registrado un aumento en términos reales de 19.2 por ciento, en un periodo de cuatro años.
Es decir, mientras que en 2006, de acuerdo con la Cuenta Pública Federal, estados y municipios recibieron 819 mil 204.4 millones de pesos; al cuarto trimestre de 2010 el gasto federalizado ascendió a un billón 22 mil millones de pesos, según el propio Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La crisis en el manejo de las finanzas estatales se refleja asimismo en la deuda pública subnacional –estados y municipios‐, misma que en diez años se ha triplicado.
Mientras que en 2000 la deuda de los gobiernos subnacionales ascendía a 89 mil 501 millones de pesos; al cierre de septiembre de 2010 el saldo fue tres veces mayor al registrar un monto de 278 mil 960 millones de pesos, de acuerdo con las cifras reveladas por la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Aún ahora, frente a este escenario desconcertante, tenemos el caso de funcionarios como el Tesorero de Nuevo León, a quien de manera por demás ‘disparatada’ se le ocurre decir, en torno a la deuda de dicha entidad, que "no se puede hacer esa información pública porque es un compromiso privado entre dos partes", cuando parece olvidar que se trata de recursos públicos que aporta la ciudadanía, y que el manejo de los mismos no constituye un "negocio particular".
Galindo Noriega recordó que, de acuerdo con la reforma constitucional de 2007, específicamente a los artículos 116 y 122 de nuestra Carta Magna, se estableció homologar el marco jurídico bajo el cual opera la tarea de fiscalización de los estados con el de la federación.
Esta reforma, puntualizó, precisa que las entidades federativas y el Distrito Federal deberán contar con órganos de fiscalización dotados de autonomía técnica y de gestión, en donde, además, la fiscalización estatal se rija bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Esto último, considerando que casi el 50 por ciento de los recursos del gasto federalizado que perciben las entidades federativas correspondientes al Ramo 28 son, por su naturaleza, auditables únicamente por los propios gobiernos locales.