Jorge Carlos Díaz Cuervo lanza reto a Nava y Schiaffino

Al arrancar con éxito su campaña como candidato a diputado federal por el distrito 15 con sede en Benito Juárez, el presidente nacional del Partido Socialdemócrata (PSD), Jorge Carlos Díaz Cuervo, retó a sus adversarios del PAN, César Nava, y del PRI, Jorge Schiaffino, a aceptar un debate público entre los tres para contrastar propuestas políticas.

De su contrincante panista, Díaz Cuervo dijo que César Nava representa el fracaso panista y que lejos de ver por los intereses y la problemática de las y los juarenses pretende convertirse sólo en el operador de su amigo, el presidente Felipe Calderón, para sacar las iniciativas gubernamentales en el segundo periodo de la administración federal.

Mientras que de su adversario priista, si bien lo reconoció como un político serio se trata de un “dinosaurio”, es decir, un hombre con una visión arcaica de la política, que fue enviado por el PRI, no a buscar la representación de los juarenses, sino a cumplir solamente con una labor de sacrificio ya en el ocaso de su carrera política.

Ante simpatizantes y vecinos de Benito Juárez reunidos en el Parque Arboledas de la calle Pilares, Díaz Cuervo aseguró que una vez en el Congreso de la Unión impulsará medidas para dotar a los juarenses y a México de escuelas de tiempo completo, de leyes que promuevan la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias y los derechos de las personas.

No obstante, indicó que trabajará para legislar en torno a la problemática que más afecta a los habitantes del distrito 15 a fin de evitar la proliferación de construcciones irregulares, pues señaló que tres administraciones panistas –en contubernio con constructoras rapaces– se han encargado de echar a perder lo que fue orgullo de los juarenses: su nivel de vida.

Tan sólo, puntualizó, las administraciones del PAN en la delegación han auspiciado la construcción de al menos mil 700 edificios construidos ilegalmente, que representan mil 300 pisos de más, es decir, por encima de lo que se debió de haber autorizado, y significaron casi 11 mil 500 millones de pesos, unos mil millones de dólares como resultado de la corrupción.